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NOTICIA

EL REGISTRO DE CONDENADOS POR IMPAGO DEL ALQUILER DEL GOBIERNO

7 FEBRERO, 2013

Llegaron las enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas; 18 en total ha presentado el Partido Popular, y una de ellas, en concreto, ha llegado acompañada de polémica y críticas de las asociaciones de consumidores, el registro para morosos del alquiler.

El registro de condenados por impago del alquiler del Gobierno

El gobierno creará un Registro que recogerá los impagos de rentas de alquiler de todos los ciudadanos que hayan sido condenados en firme, judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral, por no haber cumplido sus obligaciones de pago para que puedan ser conocidos por los arrendatarios. Un registro de morosos en toda regla, vaya.

No obstante, este registro deberá borrar los datos del deudor de forma automática al cabo de un máximo de seis años desde la inscripción, o a requerimiento del mismo cuando haya satisfecho la deuda por la que fue condenado.

El arrendador, obligado a avisar de la venta de la vivienda

Otra de las enmiendas presentadas por el Partido Popular propone una nueva obligación para el arrendador que quiera vender su vivienda; una vez que el arrendatario haya renunciado a su derecho de adquisición preferente, deberá ser avisado "con una antelación mínima de 30 días a la fecha de formalización del contrato de compraventa".

Otro de los cambios incluidos en las enmiendas es que los arrendatarios con discapacidad puedan realizar obras en la vivienda para adecuarla a su condición, siempre notificándolas por escrito al arrendador, y si éste lo exige, reponiendo la vivienda al estado anterior al terminar el contrato.

Los desahucios por el impago del alquiler

Y por último, las enmiendas del PP incluyen modificaciones en lo que a desahucios se refiere, como que "la falta de oposición al requerimiento (de desalojo) supondrá la prestación de su consentimiento a la resolución del contrato de arrendamiento que le vincula con el arrendador".

Y, como informa EUROPA PRESS, "si el inquilino no atendiera el requerimiento de pago o expresara su oposición, o si efectuara el desalojo pero no pagara la cantidad reclamada, el decreto dando por terminado el procedimiento impondrá las costas al demandado e incluirá las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda y hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda".

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